Por este motivo, el pasado viernes, 11 de noviembre, la comunidad presentó una acción de tutela contra las 3 empresas mineras a cargo del reasentamiento y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En  la acción legal se tutelan los derechos a la salud, a la  vida  digna, a la vivienda digna y al territorio y la alimentación campesina. Las pretensiones principales: atención inmediata para los adultos mayores, el cierre del Plan de Acción para el Reasentamiento – PAR  en el término de un mes y la suspensión de la actividad minera hasta tanto no se haga efectivo el reasentamiento.

​

Esta acción se da en un contexto en el cual los adultos mayores han manifestado la intención de tomarse las vías del tren a principios de diciembre de no contarse con el PAR listo para ese momento. Los señalamientos y situación de riesgo y amenaza a los representantes de la comunidad se han incrementado exponencialmente en los últimos meses. Esto ha conllevado a que los representantes, defensores de derechos, no puedan expresar su opinión libremente por temor a sus vidas y las de sus familiares. Este no es un asunto menor dada la incertidumbre y desespero de la comunidad, junto con el desgaste y cansancio de los líderes los ha llevado a una situación insostenible: No hay empleo, no hay aire sano para respirar, no hay agua para el consumo humano, no hay tierra para cultivar, ni posibilidad de pensar claramente en un futuro.

 

La acción de tutela fue la estrategia de los líderes y lideresas, en alianza con los adultos mayores de la comunidad, para contar con una medida de protección a sus derechos y a los acuerdos logrados en relación a la firma del PAR en diciembre y su implementación con garantía de derechos.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

 

 

Es importante recordar que algunos integrantes del comité de concertación se encuentran bajo amenazas de muerte por asuntos relacionados con la negociación del reasentamiento y su rol como defensores y defensoras de Derechos Humanos. Asunto sobre el cual la campaña de desinformación y presión constante, generada por las empresas como reacción a la accion de tutela presentada, incrementa el riesgo para ellos, porque los señala como los directos responsables de la suspensión del  proceso de concertación del PAR y la suspensión de la actividad minera.

​

El día 30 de noviembre, a media noche, gracias a los esfuerzos a los que se han sumado muchos de ustedes con la firma del documento que exige el cumplimiento de los acuerdos y reitera los compromisos asumidos por las empresas, fue entregado el Plan de acción de reasentamiento –PAR- a la comunidad.

​

Algunas de las organizaciones firmantes son:

​

• Terre des Hommes (Alemania)

• CENSAT Agua Viva

• Justiça Global (Brasil)

• Colombia Solidarity Campaign

• Grupo de trabajo por los Derechos Humanos en la Minería Colombiana

• Solifonds

• CINEP/PPP

• Fundación Chasquis
   

¡Gracias por el apoyo brindado y por el seguimiento a la comunidad de El Hatillo!

​

Para mayor información sobre cómo seguir apoyando a esta comunidad, pueden comunicarse al correo electrónico: comunicaciones@pas.org.co

​

¡Sentemos un precedente para las muchas comunidades en Colombia que enfrentan el riesgo de un reasentamiento involuntario  por contaminación ambiental!

​

En los documentos adjuntos encontrarán información detallada sobre la problemática y cartas de apoyo a la comunidad de El Hatillo.

​

​