Un asunto de reputación: Las iniciativas empresariales en el corredor minero de La Guajira y el Cesar.
¿Hay un compromiso real de las empresas transnacionales con su responsabilidad en temas de derechos humanos? Desde Pensamiento y Acción Social, analizando los casos que trabajamos y sumando las quejas de organizaciones a nivel global, encontramos varios elementos que llevan a pensar que las acciones de las empresas en este tema se quedan tan solo en acciones publicitarias que buscan construir una reputación. Al final, pareciera que la economía y comercio priman por encima de los derechos humanos (DDHH).
Esta cuestión se complejiza aún más si se tiene en cuenta que en el marco de los Principios Rectores de las Naciones Unidas (Proteger, Respetar y Remediar), no se buscó crear nuevas normas en el Derecho Internacional de los derechos humanos, más bien, se apeló a una especie de “conciencia corporativa” que no obliga a las empresas, ni las compromete, y resultan ser tan generales, que su aplicación permite incluso evadir las obligaciones mínimas en torno a los derechos fundamentales. Su carácter voluntario termina, en la práctica, perpetuando la imagen de que las empresas no tienen obligaciones jurídicas y en consecuencia no se les puede exigir su aplicación, es decir, escapan del deber de cumplimiento y permite que cada compañía a su ‘libre albedrío’ resuelva sus responsabilidades en cuanto al respeto de los derechos humanos.
Este análisis busca exponer algunas aproximaciones sobre cómo se vive este tema a nivel territorial.
El pasado 7 de junio de 2018, en la ciudad en Valledupar, se firmó “el compromiso Estado- Empresas-Sociedad civil, para colaborar con la protección de la vida e integridad de personas”, en el cual se acuerda una declaración conjunta de rechazo a las amenazas contra la integridad de las personas. El documento fue suscrito por las empresas que componen el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Carbón (Grupo Prodeco, Cerrejón, Colombian National Resources y Drummond Ltd.), el Ministerio de Interior, Min. de Minas y Energía, las gobernaciones del Cesar y La Guajira y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos por parte del Gobierno Nacional, y la sociedad civil representada en 2 ONG: Fundación Ideas para la Paz y el Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables, CREER. En el evento también participó el Consejero Político de la Embajada de Holanda, quien manifestó que su presencia radicaba en que su país es uno de los principales compradores de carbón y de allí que requieren que “las empresas mineras sean más sostenibles”.
El contenido de la declaración, permite evidenciar elementos que a nuestro juicio resultan ser tan generales que no apuntan en concreto a avanzar en resolver el problema. A las amenazas, ataques e intimidaciones contra ciudadanos que incluyen líderes sociales y defensores de derechos humanos, no parece que se les vaya a encontrar solución.
Esta afirmación se puede sustentar en los siguientes hechos que se evidencian en la declaración:
Apela a las obligaciones del Estado en el marco de la suscripción de Acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos.
En numerosas ocasiones estos compromisos han sido objeto de actuaciones en organismos internacionales por la no aplicación, apelar a ellos como uno de los pilares del acuerdo no da muchas garantías. Los 13 fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que ha declarado que el Estado colombiano ha vulnerado derechos humanos, por violación de alguna de las normas contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, así lo demuestran. Las Masacres de Ituango, Mapiripán, Pueblo Bello, Santo Domingo, La Rochela, y los casos: Las Palmeras, Escué Zapata, Gutiérrez Soler, entre otros [1] son algunos de los casos más representativos de esta situación.
Escalar acciones para proteger ciudadanos con énfasis en líderes sociales y defensores de derechos humanos
El sector extractivo es uno de los principales generadores de conflictividad social, en el cual se generan graves violaciones de derechos humanos contra quienes rechazan esa actividad empresarial, así como también a líderes ambientalistas, reclamantes de tierras y de organizaciones étnicas. Se observa con preocupación que según la Defensoría del Pueblo desde 2016 a julio de 2018 habían asesinado a 331 líderes sociales y Defensores de derechos humanos, adicionalmente la entidad advirtió que los esfuerzos se quedan cortos a la hora de atajar la violencia que se propaga en los territorios[2].
Se delega a la ONG CREER y a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la tarea de activar una hoja de ruta y Protocolo para articular acciones públicas y privadas que propendan por la prevención de vulneraciones a la vida e integridad de las personas.
Desde PAS consideramos que para dicho ejercicio deben participar principalmente aquellas organizaciones identificadas a nivel territorial como representantes de víctimas y de derechos humanos. La delegación en una ONG externa que trabaja más desde una perspectiva de actividad empresarial, excluye el verdadero sentir y necesidades de las comunidades interesadas. Las cuales refieren que sólo en el departamento del Cesar suman 400 mil víctimas y “con ellas no se ha hecho la tarea de resarcir el daño que les hicieron en años anteriores”[3]. De allí el reclamo que en la firma de la Declaración no fueron tenidos en cuenta y mucho menos convocados para tan importante compromiso. Según la Asociación de Campesinos y Comunidades sin Tierra del Cesar “no se conoce el fondo del compromiso firmado porque hasta la fecha, no se ha dado a conocer a las organizaciones sociales. Hemos solicitado a las multinacionales Drummond y Prodeco un diálogo con sus ejecutivos y las comunidades afectadas por el fenómeno paramilitar”.
Se alude a las buenas prácticas en Derechos Humanos que se promueven desde el Grupo de trabajo de Derechos humanos y Carbón, que incluye a las multinacionales, a las carteras ministeriales del Interior y Minas y Energía y la Consejería de Derechos Humanos y la ONG Fundación Ideas para la Paz.
Sin embargo estas prácticas resultan desconocidas por las comunidades afectadas por la actividad extractiva del corredor minero, así como también por los Defensores de derechos humanos con los cuales PAS ha tenido oportunidad de dialogar. Pareciera ser, según los diálogos con las comunidades, que estas “buenas prácticas” se quedan tan solo en el papel.
Los aspectos mencionados, sumados a la transferencia –de nuevo- al Estado para que cumpla el marco jurídico y proteja a las personas contra la violación de sus derechos, dejan de lado la aceptación por parte del sector privado sobre sus responsabilidades en la materia y no evidencia ninguna claridad de sus obligaciones jurídicas, aspectos cruciales para un verdadero cambio en materia de DDHH. Las empresas de manera reiterada son invitadas a respetar, pero no hay un enfoque de regulación y de reconocimiento de sus responsabilidades.
Desde distintas organizaciones consideramos que el Estado debe avanzar en el reforzamiento de normas jurídicas, de manera que la actuación de las empresas esté regulada. Avanzar en reducir la asimetría en la normativa resulta imperante, la seguridad jurídica no puede ser sólo un asunto en beneficio de las grandes corporaciones. Un escenario deseable es que se cuente a nivel nacional con una doctrina que impute violaciones de derechos humanos a actores no estatales y de esa manera se avance en evidenciar el problema de la responsabilidad de las empresas. En este tema vienen trabajando plataformas sociales a nivel mundial Para el caso colombiano creemos cobra mayor fuerza, si se tiene en cuenta la firma entre el gobierno y la guerrilla de las FARC del Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, tiene como pilares el esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de las víctimas y las responsabilidades de quienes participaron de forma directa e indirecta en el conflicto armado. Cuestiones que son reclamadas hoy día para avanzar en una verdadera reconciliación en el país.
Adenda
Al mismo tiempo que avanza este tipo de iniciativa empresarial, la multinacional Glencore (Prodeco en Colombia), busca una indemnización por parte del Estado colombiano que supera los USD 765 millones. Su reclamación se basa en que no se cumplieron los acuerdos internacionales suscritos para la protección de la inversión privada. Esto porque la Contraloría General de la República determinó que había un detrimento patrimonial de USD 22,9 millones, luego que la empresa promoviera una modificación en su pago de regalías.
Con esto se puede evidenciar cómo desde las jurisdicciones nacionales no se regula adecuadamente, ni se llevan a juicio a las empresas por sus acciones en contra de los derechos humanos. Pero las corporaciones sí acuden a tribunales internacionales para demandar estados y de esa manera garantizar su seguridad jurídica y económica. Ojalá y se avance en un futuro próximo para que el arbitraje internacional también repare económicamente a las víctimas y a los estados por las vulneraciones en los derechos humanos por parte del sector privado.
[1] Cuastumal. J. 2013. Casos colombianos fallados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estudio a través de la teoría del derecho procesal.
[2] Asciende a 331 el número de líderes sociales asesinados en 30 meses en Colombia. Disponible en: https://www.bluradio.com/nacion/asciende-331-el-numero-de-lideres-sociales-asesinados-en-30-meses-en-colombia-185938-ie43647
[3] Fundación Manos Unidas de Colombia.
