Audiencia Pública:
¿quién protege a los líderes y lideresas sociales?
El 24 de mayo de 2019 en el salón Boyacá del Congreso de la República, se realizó la Audiencia Pública ¿quién protege a los líderes y lideresas sociales? organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Esta tenía como objetivo visibilizar y denunciar la problemática en materia de violaciones a los derechos humanos, persecución y asesinatos a los líderes y lideresas sociales en el país y buscar una ruta de protección y garantías para el liderazgo, articulando a las diferentes instituciones gubernamentales competentes.
Fotos: Cortesía Oficina de Prensa Senadora Griselda Lobo Silva
Los líderes y lideresas representantes de organizaciones sociales de diferentes regiones del país participantes en la Audiencia, coincidieron en señalar que los asesinatos, las amenazas, las estigmatizaciones, los inadecuados esquemas de protección, la impunidad, los obstáculos para acceder a la justicia y para desarrollar su labor de defensa de los derechos humanos se han venido agravando en el último año, ante lo cual – denuncian – el gobierno nacional ha sido poco eficaz para responder integralmente al desafío de garantizar la vida y la integridad de los sujetos sociales.
Durante el panel en el que se expuso la situación de derechos humanos de los líderes y lideresas se puso en evidencia que los sujetos con mayores riesgos son aquellos que defienden los derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente, así como aquellos que están involucrados en la implementación del Acuerdo Final de Paz, particularmente, los que participan en el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)
Líderes de restitución de tierras de la vereda Matarratón del municipio Puerto Gaitán, en el departamento del Meta denuncian qué "El incumplimiento del fallo de la Corte Constitucional por parte de las entidades estatales responsables, ha generado el surgimiento de múltiples conflictos sociales al interior de El Porvenir, especialmente desde la llegada de invasores a esta región". Al respecto, Cristian Delgado, vocero de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular señala que "Existen causas estructurales relacionadas con la disputa por la tierra”.
Ante esta situación, es “urgente implementar más protocolos de protección y de movilización, y que haya menos estigmatización por parte del Estado hacia el movimiento social”. Así lo manifestó César Santoyo del Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda.
Christian Mantilla, de PAS, presentó en la audiencia los resultados de la investigación: Política pública de protección para defensores colectivos de la tierra y el territorio: Límites y posibilidades en el posacuerdo.
Por su parte, Yefri Torrado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), manifestó que ante la poca “efectividad en la aplicación de políticas públicas de protección, es necesario que estos [Los defensores de derechos humanos] participen activamente en la construcción de estos programas [de política pública]”
En este mismo sentido, Christian Mantilla, investigador de Pensamiento y Acción Social (PAS) aseguró que “existe un marco normativo derivado del Acuerdo de Paz - aunque con limitaciones- define líneas claras de acción en materia de política pública de prevención y protección, por tal razón, el problema no es de falta de normatividad, sino antes bien, de voluntad política para hacer efectivas las obligaciones y deberes del Estado”
Por esta razón, Cristian Delgado, vocero de la Cumbre Agraria, insistió en la necesidad de emprender acciones de “pedagogía en los territorios para que se respete la normativa existente” e invita a “construir desde los territorios" y hace un llamado “al fortalecimiento de espacios unitarios de construcción de políticas y de las mesas de garantías”.
Ante este llamado, el Senador Edgar Palacio Mizrahi de Colombia Justa Libres, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, expresó la necesidad de “la unidad de todas las fuerzas políticas para aunar esfuerzos por la defensa de la vida de nuestros líderes y lideresas”.
En este mismo orden de ideas, el nuevo director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Ricardo Arias Macías, expresó que el gobierno nacional tiene la voluntad de atender la grave situación y que, en tal sentido, se ha creado el Plan de Acción Oportuna (PAO) con el cual se pretende hacer una reingeniería institucional y llegar a los territorios. Adicionalmente, el gobierno nacional – dijo- ha decidido reactivar las mesas de garantías y crear de manera participativa una política pública de seguridad y protección para defensores de derechos humanos que estaría lista el segundo semestre del presente año.
En conclusión, esta Audiencia dejó trazado como desafío principal la promoción de espacios locales, regionales y nacionales en el que participen diferentes actores sociales y políticos, que articule al estado nacional y los entes territoriales, que genere confianza entre los defensores y la institucionalidad estatal, para avanzar en la formulación y puesta en marcha de políticas eficaces de protección que partan de lo construido.
