La empresa minera Colombian Natural Resources (CNR) se acogió a la reestructuración empresarial (Ley 1116/2006) y suspendió sus obligaciones con el Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) de la vereda El Hatillo del municipio de El Paso en el departamento del Cesar. La empresa tiene la obligación de reasentar y compensar a las familias de esta vereda por las afectaciones a su salud y medios de vida, tal y como lo ordenó el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVD), hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), mediante las Resoluciones 970 y 1525 de 2010. ‪

 

CNR manifestó en un comunicado haber solicitado ante la Superintendencia de Sociedades entrar en proceso de reorganización empresarial, bajo la Ley 1116/2006, debido a la crisis de los precios del carbón y los problemas financieros que enfronta la empresa. El comunicado dirigido a las familias de la vereda de El Hatillo, no tiene fecha, ni firma; sin embargo, sabemos que fue enviado el 22 de octubre al medio día, por funcionarias de la empresa a los WhatsApp de algunas personas de la comunidad.

 

Este comunicado circuló vía WhatsApp un día después de que la comunidad de El Hatillo se tomara pacíficamente las vías del tren que transporta el carbón que se extrae de las minas en esta región, para exigir el cumplimiento del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) que presenta serios retrasos y anomalías en su implementación, a dos años de haber sido suscrito por las empresas y la comunidad.

 

La Junta de Acción Comunal (JAC) de El Hatillo y Pensamiento y Acción Social (PAS) ya habían solicitado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) - entidad responsable del seguimiento del PAR - información respecto de las implicaciones que tendría una eventual suspensión de las operaciones mineras para del proceso de reasentamiento. Esto debido a que en 2019 ya se habían presentado retrasos en el cronograma de implementación por razones financieras y, ya se tenia conocimiento que tanto CNR como Prodeco, habían solicitado ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) la suspensión temporal de sus operaciones. En las respuestas a los derechos de petición la ANLA afirma no tener competencia para realizar seguimiento a aspectos financieros, ni tampoco control a los depósitos que se encuentren en la fiducia constituida para efectos de la financiación del PAR.

 

Ante esta situación, Pensamiento y Acción Social (PAS), quién ha acompañado a la comunidad durante el proceso de concertación del PAR, analizará la situación junto con la Junta de Acción Comunal (JAC) de El Hatillo y sus asesoras, para definir una ruta de acción de incidencia jurídica y política, para obligar al Estado y las empresas mineras a reparar los daños causados al ambiente, la salud y los medios de vida de una comunidad que ha tenido que padecer más de 30 años la explotación de carbón a cielo abierto en su territorio. 

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Adjuntamos comunicado de CNR y las palabras de José del Carmen, miembro de la junta de acción comunal del Hatillo, ante la crítica situación del reasentamiento de la vereda del Hatillo, en el Cesar.