Glencore, uno de los vagones de la locomotora de demandas que enfrentará el Estado
Por: Rafael Figueroa/PAS
Mayo 2016
Glencore es una multinacional que hasta hace apenas unos meses comenzó a ganar notoriedad en los medios de comunicación en Colombia. A pesar de estar hace más de 20 años en el país y ser una de las más grandes productoras y comercializadoras de carbón, petróleo, cereales y otros 87 commodities en el mundo; casi nada se había hablado de esta empresa en Colombia. Poco se conocía del Grupo Prodeco, su filial en Colombia, con el cual controla las minas de carbón de Calenturitas y La Jagua en el centro del Cesar y con el cual participa en un 33% en la mina de carbón del Cerrejón en la Guajira, la más grande del país. Sin embargo, esa discreción con la que esta empresa radicada en Zug, Suiza, había manejado sus operaciones se ha venido desvaneciendo con el cubrimiento mediático de las recientes investigaciones penales, denuncias de corrupción y sanciones económicas que enfrenta. Ese nombre que antes se paseaba indiferente ante la opinión pública hoy está en el centro de serios cuestionamientos. Las denuncias van desde la evasión en el pago de millonarias regalías y de maniobras para evitar el pago de impuestos, hasta financiación a unidades militares envueltas en falsos positivos e incumplimientos en el reasentamiento de comunidades desplazadas por la contaminación de la empresa. Pero quizás lo que más ha sorprendido de este salto de Glencore a la escena nacional, es su decisión de demandar al Estado colombiano por imponerle una multa en el 2015 debido al incumplimiento en el pago de regalías. La demanda supone el primer litigio internacional de Colombia bajo el tratado entre Suiza y Colombia de protección a la inversión, pero más allá de esto, es un caso que invita a repensar las operaciones corporativas multinacionales en el país, examinar sus actores y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta Colombia en este tema.
Para entender la problemática que ha tenido Colombia con esta empresa no es necesario ir tan atrás. Entre los cuestionamientos más notorios de Glencore encontramos la vinculación de esta empresa en las investigaciones de la Contraloría General de la Nación sobre los gigantescos sobrecostos de la modernización de la refinería de petróleo de Cartagena, Reficar. En este caso, la nación y los contribuyentes colombianos han pagado más de 8.000 mil millones de dólares para la modernización de la refinería, 4.023 millones más de lo inicialmente previsto. Para ponerlo en perspectiva, este sobrecosto equivale al 3,4% de la riqueza que anualmente produce Colombia. Glencore ha sido señalada de participar en la larga cadena de contratos, ventas y operaciones que originaron este gigantesco sobrecosto, muchas de las cuales, según la Contraloría, constituyen fraudes silenciosos y corrupción privada. Por ello actualmente la multinacional Suiza enfrenta serias investigaciones fiscales[1].
Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio ha abierto recientemente investigaciones contra varias empresas del Grupo Prodeco, filial de Glencore en Colombia, por realizar un abierto monopolio del Puerto de Carbón de Puerto Nuevo, en Santa Marta, impidiendo a otras compañías exportar carbón desde allí[2]. Adicionalmente, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ha iniciado un proceso sancionatorio contra Glencore por las demoras injustificadas en los reasentamientos involuntarios en el centro del Cesar por cuenta de los altos índices de contaminación atmosférica en la región. Otros procesos sancionatorios por desviación ilegal de ríos y afectación de ecosistemas se encuentran en etapas de investigación ante la autoridad ambiental[3].
Como si lo anterior no fuera suficiente, de acuerdo con varios reportes de prensa más de 20 oficiales, suboficiales y soldados del Batallón plan vial y energético No. 2 destinados a la protección de la infraestructura minera de Glencore en el Cesar han sido condenados por su participación en las ejecuciones extrajudiciales de Carlos Manuel Jiménez y Jesús Eliecer García. La gravedad de esta situación se centra principalmente en el hecho de que Glencore ha financiado a este Batallón con más de 80 mil dólares anuales desde hace más de una década, en la cual la empresa no ha conducido evaluaciones de riesgo transparentes, revisado los convenios secretos que ha suscrito con la fuerza pública ni rechazado públicamente estas graves violaciones a los derechos humanos[4].
Gran parte de estas investigaciones, demandas, sentencias, sanciones y multas fueron documentadas y publicadas en el Informe Sombra de Sostenibilidad de Glencore en Colombia, investigación desarrollada por Pensamiento y Acción Social y el Grupo de Trabajo Suiza - Colombia entre los años 2010 y 2014 en relación a los principales impactos de las operaciones de la multinacional en el país. Los resultados de esta investigación fueron así presentados a la opinión pública, gobiernos y parlamento europeo en Alemania, Suiza, Bélgica y Colombia durante el 2015. Así mismo, los principales hallazgos del informe sombra fueron expuestos ante el junta directiva mundial de Glencore y su CEO, Ivan Glasemberg en varias visitas y reuniones en Colombia y Suiza. Algunas de estas discusiones llevaron al compromiso concreto por parte de las directivas mundiales de Glencore de adelantar el reasentamiento involuntario por contaminación de la comunidad del Hatillo, en el Cesar, lo más rápido y mejor posible.
Pese a todo lo anterior, Glencore no ha dado muestras ni evidencias de avances serios tanto en los compromisos asumidos de cara a los reasentamientos en Colombia ni en relación a las infracciones, investigaciones y sanciones en materia laboral, ambiental y en temas de seguridad y derechos humanos en Colombia. Contrario a ello, la empresa ha rechazado todos los hallazgos, informes, sentencias, condenas y sanciones al punto de iniciar maniobras legales en tribunales internacionales de carácter privado para, básicamente, evadir su responsabilidad en Colombia.
Una de estas maniobras se resume en uno de los más graves pronunciamientos hechos por el Contralor General de la Nación, con el cual anunció recientemente que Glencore intentaba “poner de rodillas a la nación” al presentar una demanda contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones en Washington D. C., utilizando para ello el Tratado de Protección De La Inversión Extranjera suscrito entre Colombia y Suiza en el 2006. Con esta demanda Glencore intenta que la nación y los contribuyentes en Colombia paguen de vuelta a la empresa los más de 20 millones de dólares de la sanción que impuso la Contraloría a la multinacional Suiza en el 2015 por evadir el pago de regalías[5]. Estas regalías según la constitución nacional son un patrimonio de la nación y sus ciudadanos especialmente destinado a inversión social en salud, vivienda y educación para las miles de familias que viven bajo los límites de pobreza, incluyendo las regiones donde Glencore extrae el carbón.
Aunque algunos organismos del estado han dado inicio a la investigación, fiscalización y sanción de estas conductas en los últimos años, en general el conjunto de las entidades públicas se encuentran aún lejos de haber identificado, documentado e impuesto sanciones tras más de 20 años de operaciones y múltiples impactos de Glencore en el país.
En este sentido, el rol de una empresa como Glencore de cara la sostenibilidad social, fiscal y ambiental de la paz resulta sin duda crítico. Las políticas públicas que desarrollan la restitución de tierras y la reparación integral de más de 6 millones de víctimas en Colombia hacen necesario no solamente el aporte económico que corresponde a la nación por cuenta de la renta minera que empresas como Glencore deberían generar. Lo que más necesita el país para comenzar a dar fin al conflicto armado y reparar a las millones de víctimas consiste en la resolución estructural de los conflictos sociales, ambientales y laborales históricos en Colombia, conflictos que contrariamente se han venido agudizando con más fuerza en las áreas donde se extrae el carbón en el país y en general donde se están realizando las principales inversiones internacionales en los sectores extractivos, agroindustriales y de infraestructura. De esta forma y teniendo en cuenta las múltiples investigaciones, sanciones, informes y reportes sobre las acciones de Glencore en el país, se puede afirmar que la extracción de recursos naturales desarrollada por Glencore y el manejo de sus asuntos en el país está colocando en riesgo el patrimonio natural, social y financiero requerido para la sostenibilidad de la paz Colombia.
El caso de Glencore en Colombia se convierte así en un punto de partida sustancial para señalar los grandes desafíos que hoy enfrentan Colombia y la sociedad civil frente a las operaciones corporativas multinacionales y el uso de los recursos naturales. El país debe analizar los impactos que tienen estas operaciones en el patrimonio financiero y natural de la nación así como sobre los grupos más vulnerables del país, en un momento histórico del país donde se busca construir las bases para una paz sostenible. El Estado Colombiano, al promover la inversión extranjera sin marcos jurídicos sólidos de protección de los derechos humanos, sin una fiscalización constante y transparente, y, sobre todo, sin hacer responsables a empresas como Glencore de los impactos que genera en el país, dificulta enormemente la defensa del patrimonio nacional al convertirla en una causal de demandas que dejan sin piso la sostenibilidad futura de la paz y el desarrollo. Además de la demanda de Glencore, múltiples multinacionales perfilan más litigios contra el país. Este caso puede ser uno de los primeros, pero no será el último. Simultáneamente a la demanda de Glencore, múltiples multinacionales perfilan más litigios contra el país.
[1] Ver: http://www.semana.com/nacion/articulo/reficar-los-hallazgos-de-la-contraloria/458220
[3] Ver: https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/Otros/Autos/2012/auto_0457_2012.pdf
[5] Ver: http://caracol.com.co/radio/2016/03/01/nacional/1456853558_709393.html
