Colombia es de los países más peligrosos para ejercer el derecho a defender los derechos humanos. De acuerdo con Indepaz, entre el 2016 y el 2020 ya van más de 1000 líderes defensores de derechos humanos asesinados. En medio de este panorama, parte de la respuesta del gobierno y las instituciones estatales a la crisis ha sido la expedición de leyes, decretos, sentencias y documentos. Esta investigación evalúa la implementación de esta estrategia en 3 casos particulares (Las pavas, San José de Uré y Consejo Comunitario Renacer Negro) para extraer aprendizajes y proponer alternativas que realmente sirvan para proteger a quienes están en riesgo.