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El 21 de octubre de 2020 la comunidad de El Hatillo del municipio de El Paso en el departamento del Cesar se toma pacíficamente las vías del tren que transporta el carbón que se extrae de las minas en esta región, para exigir el cumplimiento del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR).

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Queremos informar que las negociaciones de la 6ta Sesión del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (OEIGWG) que tendrán lugar como cada año en la Sala XX del Palacio de la ONU en Ginebra entre el 26 y el 30 de octubre. La participación será virtual y presencial.

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La llegada del Presidente Iván Duque a la Presidencia de la República ha sobrepasado los augurios más oscuros de cualquier colombiano pesimista. Imposible imaginar el país real que se ha develado ante nuestros ojos en estos días de aislamiento social y cuarentena. Es claro que Colombia acelera su tránsito hacia un Estado fallido. Pocos países en el mundo han tenido la oportunidad de cambiar su rumbo e impedir la repetición de una violencia de más de 50 años y, por supuesto, menos países aún pueden contar que han decidido desperdiciarla.  Hacer trizas el Acuerdo de Paz, fue la opción tomada por la dirigencia nacional, pero los costos serán pagados por los 50 millones de connacionales y cuando menos las dos siguientes generaciones.

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Al afirmar que "para los jóvenes, el reto y el sueño no es ser campesinos" el Gobierno ha dejado claro el futuro que busca para el campo colombiano, un futuro en el que bajo excusas de modernización, se perpetuan las lógicas de despojo de tierras y acumulación de capital. 

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“Llámense falsos positivos, exterminio, limpieza social o asesinato selectivo, lo ocurrido con los 5 adolescentes afrodescendientes en el sector Llano Verde, de la comuna 15 de Cali, es parte del infanticidio que ocurre en estas barriadas marginales pero que la sociedad olvida ante otros eventos no menos dolorosos que castigan a los nadie, a los desposeídos”.

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En Córdoba, la guerra no para y los líderes sociales están atrapados en medio de ella. Desde el 2016, año en el que el Gobierno de Colombia y las FARC firmaron el acuerdo de Paz,  se evidencia un recrudecimiento de la violencia, propiciado por la aparición de nuevos actores en conflicto, las luchas por el control de las riquezas del departamento, el desarrollo empresarial y la persistencia de los factores estructurales que por años han estado en la base de la violencia en Córdoba. 

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En menos de un año, la opinión pública, ha sido testigo de un patrón de actuación en el que las víctimas son niñas indígenas, que son secuestradas, cosificadas, vejadas, violadas y aterrorizadas, mientras sus comunidades han sido desconocidas, borradas, y, esto antes que ser fortuito, da cuenta de cómo subsiste el racismo, la exclusión y la discriminación en buena parte de la sociedad colombiana, en los miembros del ejército –soldados rasos y de rangos altos y medios-, en las cabezas de nuestras entidades de justicia, en nuestro dirigentes políticos e incluso en las entidades responsables de proteger los derechos de la niñez.

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Las y los integrantes de la sociedad civil en el CNPRC celebramos la realización de la plenaria del Consejo nacional de paz, el pasado 5 de junio, cuando se llevó a cabo la elección para el Comité Nacional y se adelantaron discusiones en relación a los caminos por seguir en el CNPRC en relación con la Política pública de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización que venimos construyendo desde hace un tiempo, la necesaria atención a la implementación plena del sentido y mecanismos del acuerdo de paz alcanzado con las FARC y la necesaria apertura del dialogo y la negociación con el ELN.

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En un país que ha sufrido durante más de cinco décadas un conflicto armado interno atroz, así como múltiples violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, mucho se aprendió en materia de protección. Sin embargo, estos tiempos de pandemia demuestran que líderes y Defensores de Derechos Humanos asumieron que su protección estaba en casa.  Pero hoy los asesinatos de los que son víctimas han sido mayoritariamente cometidos en sus lugares de residencia.

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Transcurridos dos meses de haberse decretado en el país la primera medida de cuarentena y aislamiento social, bien cabe reflexionar sobre las implicaciones que este conjunto de medidas han tenido sobre lxs líderes sociales, lxs Defensores de Derechos Humanos y sobre las comunidades rurales que los acogen.

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Pensamiento y Acción Social, -PAS- rechaza las expresiones públicas de violencia de género y contra NNAJ, así como la apología e instigación al proxenetismo y explotación sexual producidas y difundidas por Fabio Zuleta; invitando a las autoridades competentes que además de las investigaciones y respectivas acusaciones se encaminen las debidas reparaciones al pueblo Wayúu.

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AngloGold Ashanti está ofreciendo cursos virtuales de Pre-icfes virtuales y cursos de inglés a los niños, niñas y jóvenes de la institución a cambio de que las familias le suministren información personal de sus estudiantes, su núcleo familiar y su posición frente al proyecto minero subterráneo de cobre Quebradona. 

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La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá frente a la tutela instaurada por líderes sociales y ONG es un paso importante que ratifica la necesidad de implementar las medidas contempladas en los acuerdos de paz para la protección de líderes y lideresas sociales.  El Estado no puede evadir este compromiso.  

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Luego de 4 meses acompañando a las comunidades del magdalena medio en su lucha por la defensa de su territorio y en el marco de la alianza entre PWS y PAS, estas acompañantes narran algunas reflexiones que deja este proceso en dos artículos que puede encontrar aquí:

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Estado de Crisis en Colombia

Acompañamiento en Tiempos de Covid

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Han sido declarados objetivos militares para los grupos armados de la región por su labor en defensa del territorio y sus habitantes.  Organizaciones acompañantes hacemos denuncia y recomendaciones.

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En medio de la pandemia, las comunidades Wayuu, especialmente sus niños y niñas, se ven mayormente afectados, pues respiran a diario el aire contaminado por la minería de carbón, no tienen como alimentarse adecuadamente, tampoco cuentan con agua potable para consumir y mucho menos para lavarse las manos. Esta pandemia pone en evidencia las profundas desigualdades del país, en donde la muerte de algunos parece más importante que la de otros, como es el caso que veremos continuación.

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En atención a la grave afectación que representaría para los derechos humanos y el ambiente la adopción y puesta en marcha de las propuestas del empresariado, bajo un potencial escenario de emergencia económica donde se prioricen acciones de impulso y protección al extractivismo por encima del bienestar y protección de las personas y el ambiente, las y los firmantes proponemos... 

Conozca la Petición y Firme en el link.

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Pensamiento y Acción Social, lamenta y se solidariza con la Organización Femenina Popular - OFP por el asesinato de su lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez, quien el pasado 24 de Marzo fue asesinada en horas de la noche frente a su vivienda ubicada en el barrio Guarigua del Municipio de San Pablo (Sur de Bolívar). 

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A propósito del interés del Grupo de Trabajo (GT) de “identificar y aclarar las políticas y prácticas de los Estados y las empresas, incluidos los inversores públicos y privados, a lo largo de todo el ‘ciclo del conflicto’ y los tres pilares de ‘Proteger, respetar y remediar’ de los Principios Rectores (PR)”, la Mesa Nacional de ONG sobre empresas y derechos humanos presenta este insumo -basado en el análisis del caso colombiano-, que espera ayude a “comprender mejor las medidas prácticas que todos los actores deben adoptar para prevenir y abordar los abusos de los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial”.

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A propósito del interés del Grupo de Trabajo (GT) de “identificar y aclarar las políticas y prácticas de los Estados y las empresas, incluidos los inversores públicos y privados, a lo largo de todo el ‘ciclo del conflicto’ y los tres pilares de ‘Proteger, respetar y remediar’ de los Principios Rectores (PR)”, la Mesa Nacional de ONG sobre empresas y derechos humanos presenta este insumo -basado en el análisis del caso colombiano-, que espera ayude a “comprender mejor las medidas prácticas que todos los actores deben adoptar para prevenir y abordar los abusos de los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial”.

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Pensamiento y Acción Social, lamenta y se solidariza con la Organización Femenina Popular - OFP por el asesinato de su lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez, quien el pasado 24 de Marzo fue asesinada  en horas de la noche frente a su vivienda ubicada en el barrio Guarigua del Municipio de San Pablo (Sur de Bolívar). Esta lideresa hacía parte activa de la OFP desde hace más de 10 años dinamizando y acompañando diferentes actividades programadas por la organización, como los núcleos de ahorro, escuelas de formación de lideresas, entre otras.

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En Colombia, la cuestión de la relación entre empresas y derechos humanos ha venido ocupando un lugar importante en la agenda pública, no precisamente por el compromiso de las empresas y el Gobierno de velar por los derechos humanos; sino, por el contrario, debido a los casos de abusos y violaciones de los derechos y las libertades fundamentales en que se han visto involucradas empresas nacionales y trasnacionales, que han afectado a personas, a comunidades, a la naturaleza y a los territorios, contribuyendo a aumentar la complejidad del conflicto social, político y armado que aún vive el país.  

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Hablar de la captura corporativa del Estado resulta relativamente fácil si entendemos que hoy el poder de las empresas ha permeado nuestra vida cotidiana, y observamos otro tipo de sus manifestaciones: las estrechas relaciones entre gobernantes y empresarios. El conjunto de presentaciones en el Seminario abordó de manera profunda las consecuencias que tiene ese poder corporativo en los territorios y en las comunidades afectadas por la actividad empresarial, principalmente los relacionados a la contaminación, el desplazamiento, confinamiento, privatización de bienes de la naturaleza, la transformación de la cotidianidad de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, entre otros.

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Guapi, ¿lo has oído? López de Micay, ¿tampoco? Timbiquí, ¿ese sí? Los has escuchado en los noticieros, a veces, especialmente cuando un líder o una lideresa son amenazados de muerte o asesinados, o cuando las voces intransigentes que ven siempre al país a través del filtro en blanco y negro de la desinformación se atreven a decir, con total desconocimiento de las realidades ajenas, “los tales defensores deben ser guerrilleros o miembros de algún grupo ilegal”. ¡La berraca estigmatización! ¡La berraca ignorancia!  Artículo Fundación Chasquis en Las Dos Orillas.

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En el marco de la campaña "Atarrayemos el cambio por un sueño PAZífico", un grupo de líderes y lideresas sociales llegaron al municipio de Guapi para hacerse escuchar. Con presentaciones musicales, bailes, arte y diálogo, estos líderes y lideresas de la región le mostraron al municipio y al mundo, los valores que guían su actuar, las causas que defienden, las razones detrás de su labor y dejaron claro que su trabajo lo hacen por el bienestar de su gente.

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En este comunicado "la comunidad manifiesta su preocupación y desasosiego, ante la incertidumbre sobre el compromiso de las empresas mineras de realizar los aportes de los recursos económicos suficientes para cumplir los acuerdos suscritos, en los tiempos y con las características acordadas en el PAR."  Conozca el documento entero acá.

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Hacia las 9:30 de la mañana, del 12 de noviembre de 2019, en territorio Indígena de la comunidad Embera Dochama Altos de Uré, ubicada en la vereda Batatalito, corregimiento Versalles del municipio de San José de Uré, se presentó una nueva incursión armada.  Conozca el comunicado de organizaciones sociales acompañantes y organizaciones territoriales sobre los hechos aquí.

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La última masacre contra el pueblo indígena Nasa, en el resguardo de Tacueyó, convirtió en víctimas de asesinato a una autoridad propia y cuatro guardias indígenas, dejando además a otros cuatro heridos.  ¿Tiene razón la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC, cuando afirma que los indígenas del Cauca están siendo víctimas de genocidio? Análisis PAS

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la campaña Atarrayemos el cambio por un sueño PAZífico busca revindicar la labor de defensa que realizan las autoridades propias, los defensores y los líderes y lideresas en cada comunidad, entendiendo que estos defensores luchan por derechos colectivos y por ello, deben contar con el reconocimiento y respaldo de su comunidad y de las instituciones.  Conozca todos los contenidos aquí.

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PAS, TDH y MISEREOR acompañamos a los niños, niñas y adolescentes (NNJ) de la comunidad de El Hatillo desde hace más de 10 años en su lucha frente al extractivismo.  La comunidad ha visto como poco a poco la minería de carbón y el cultivo de palma, destruyeron el agua, el aire y la cultura de su territorio.  Conozca acá los productos que los NNJ han desarrollado para contarle su historia al mundo.  

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Desde La Guajira nos llega esta nota cortesía de Eduvilia Uriana, una comunicadora Wayúu quien recoge los momentos de la escuela que adelanta PAS en el territorio.  La escuela trabaja en la formación de líderes sociales de organizaciones y comunidades indígenas de este departamento, para el fortalecimiento de sus procesos de lucha en defensa de sus derechos, territorios y de la naturaleza. Conozca más acá.

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El viernes 23 de agosto de 2019 en el marco del proyecto “Empresas transnacionales y Principios Rectores: hacia mecanismos efectivos para la protección de derechos humanos en América Latina”, realizado en conjunto por organizaciones de 5 países, PAS lanzó un informe nacional en el que se evidencian las afectaciones que sufren las comunidades del corredor minero y la ineficacia de los mecanismos voluntarios.  Conozca más del evento de lanzamiento acá:

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Este informe se realiza en el marco del proyecto "Empresas transnacionales y Principios Rectores: hacia mecanismos efectivos para la protección de los Derechos Humanos en América Latina", llevado a cabo por 4 países bajo la consultoria de COSPE y el cofinanciamiento de la Unión Europea.  En esta página encontrará todo el material audiovisual, gráfico y escrito realizado como parte del informe, en el que se evidencian las afectaciones que las actividades extractivistas han dejado en las comunidades y la ineficacia de los mecanismos voluntarios para frenar las violaciones a los Derechos Humanos que producen las empresas. 

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La Asociación Agropecuaria y Pesquera de El Guayabo (AGROPEGU) y las organizaciones y entidades nacionales e internacionales que desde 2013 acompañamos a la comunidad de El Guayabo y Bella Unión, manifestamos a las entidades nacionales responsables de la seguridad y protección de las comunidades que defienden derechos humanos, de la recuperación y custodia de los baldíos de la Nación y de la adjudicación de tierras a las comunidades campesinas víctimas del conflicto interno armado, nuestra más profunda preocupación los ataques ocurridos entre el 23 de junio y el 29 de julio de 2019.

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Las violaciones a los derechos y libertades fundamentales de líderes sociales y defensores de derechos humanos que enfrenta hoy Colombia - independientemente de la polémica que suscitan las cifras - nos pone de cara a una compleja realidad sociopolítica en la que ciertos discursos contribuyen a crear las condiciones que las hacen posiblesy las perpetúen. Estos van desde el encubriendo o la legitimación de la violencia, hasta el negacionismo histórico. ¿Cómo operan? ¿Cuáles son sus efectos? Análisis PAS.

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El jueves 23 de mayo un grupo de hombres armados se presentaron en el centro poblado de la vereda Brazo Izquierdo, corregimiento de Versalles a menos de una hora de la comunidad indígena de Dochama. Toda la comunidad, hombres mujeres y niños, fueron reunidos, reteniendo sus celulares y medios de transporte. En presencia de los retenidos asesinaron a dos miembros de la comunidad, que al parecer hacían parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).  Conozca el seguimiento hecho aquí.

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El 24 de mayo de 2019 en el salón Boyacá del Congreso de la República, se realizó la Audiencia Pública ¿quién protege a los líderes y lideresas sociales? organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Esta tenía como objetivo visibilizar y denunciar la problemática en materia de violaciones a los derechos humanos, persecución y asesinatos a los líderes y lideresas sociales en el país. Conozca más aquí.

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En el marco de los 10 años de cooperación entre PWS y PAS, recibimos al nuevo equipo de acompañantes internacionales que estará en la región del Magdalena Medio.  Su llegada busca aportar a la seguridad de las comunidades acompañadas y a la sensibilización en el mundo entero sobre la situación en la que viven las comunidades y organizaciones que defienden los derechos humanos en esta región.

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El o la coordinadora será responsable del área administrativa, financiera y de proyectos garantizando el cumplimiento de los objetivos de la Institución, la implementación de los proyectos/programas que desarrolla y atender de manera prioritaria los requerimientos de los donantes.

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ANÁLISIS PAS: El Hatillo es una comunidad rural, de vocación campesina, ubicada en el departamento del Cesar,  que fue obligada en 2010 por el Estado colombiano a realizar la negociación para su reasentamiento involuntario, como consecuencia de la contaminación atmosférica.  La comunidad debía ser re ubicada dos años después, y sin embargo, hoy, 8 años después del fallo, no han sido re ubicados. Tan solo en diciembre de 2018 se firmó el plan de reasentamiento, según el cual la re ubicación se daría en el 2023, 11 años tarde.  La lista de agravios no se detiene ahí.

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Entre los días 2 y 3 de mayo, se realizó en Bogotá una consulta latinoamericana sobre derechos ambientales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  Entre los resultados centrales se subraya la construcción de un Mandato de los y las jóvenes que tiene como propósito exigir el respeto a los derechos de los defensores de la madre tierra y el cumplimiento de los numerosos acuerdos relacionados con derechos de niñas, niños.  Conozca el mandato y detalles sobre el desarrollo de la actividad acá.

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Los días 15 y 16 de mayo en el corregimiento de San Cayetano, municipio de San Juan de Nepomuceno (Bolívar), se desarrolló el II Encuentro Regional de Acueductos Comunitarios de la región Caribe. Este tenía como objetivo revisar los conflictos socioambientales presentes en este territorio. Con representantes de comunidades organizadas en la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de los departamentos de Sucre, Bolívar y La Guajira, particularmente las subregiones que comprenden los Montes de María, el Canal del Dique y la Mojana sucreña, se pudo abordar una interesante discusión acerca de los impactos, conflictos y daños que se generan producto del modelo extractivista.

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El o la coordinadora será responsable del área administrativa, financiera y de proyectos garantizando el cumplimiento de los objetivos de la Institución, la implementación de los 2 proyectos/programas que desarrolla y atender de manera prioritaria los requerimientos de los donantes. Conozca los términos de referencia de la convocatoria haciendo clic abajo.

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Los niños y niñas se encuentran entre los grupos más vulnerables al daño ambiental. Los números son realmente impactantes. Más de 1.5 millones de niños y niñas menores de cinco años pierden sus vidas cada año como resultado de los impactos ambientales evitables, mientras que millones más sufren enfermedades, discapacidades y una variedad de otras formas de daño, algunas de las cuales pueden causar efectos de por vida.  Conozca en este video a los jóvenes que están trabajando por cambiar esta realidad. 

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Sin duda, el Acuerdo Final de Paz creó un nuevo contexto nacional que, lejos de poner fin al conflicto social y armado: incorporó nuevas tensiones políticas entre defensores y detractores de la paz y la salida política negociada al conflicto armado, abrió el escenario para nuevos actores políticos, puso en evidencia la persistencia y emergencia de actores armados, desató nuevas disputas en torno a la tierra y el territorio y creó nuevos marcos normativos e institucionales.  Lea la investigación completa acá.

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Colombia fue uno de los 54 países que se abstuvo de votar la Declaración. Sin embargo, es importante aclarar que una Declaración es un instrumento jurídico que no tiene un carácter vinculante (soft law) y, por tal razón, el voto favorable, desfavorable o abstención no afecta, en estricto sentido, su obligatoriedad. Una Declaración expresa un consenso ético y político donde la comunidad internacional crea principios que establecen obligaciones morales respecto de los derechos allí contenidos y, por lo tanto, son más bien orientaciones sobre lo que deberían desarrollar los Estados en sus marcos jurídicos nacionales[1]. Es decir, Colombia no está excluida de esta obligación moral.

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ANÁLISIS PAS

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La Subdirección de Procesos Agrarios y de Gestión Jurídica de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, invita a quienes crean tener interés en proceso de deslinde o delimitación de las tierras de propiedad de la Nación adelantado sobre los terrenos que conforman el denominado COMPLEJO CENAGOSO EL GARZAL, ubicado en jurisdicción del municipio de Simití, departamento de Bolívar, a la JORNADA DE NOTIFICACIÓN de la Resolución No. 0106 del 29 de enero de 2013, por medio de la cual se inicia el referido el procedimiento agrario.

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El pasado 26 de febrero se llevó a cabo el lanzamiento de la investigación “Los riesgos de los Defensores del Derecho a la Tierra y el Territorio en el escenario de posacuerdo de paz en Colombia. Una mirada desde la región.” El documento es fruto del trabajo conjunto entre las ONG Pensamiento y Acción Social y Protection International, desarrollado en el departamento de Córdoba, y las regiones del pacifico Caucano y el Magdalena medio durante 2017 y 2018. Hoy, lanzamos la versión digital.

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En el marco de los 10 años de nuestra alianza con PWS publicamos este artículo de una de las acompañantes internacionales.  En este escrito, Monika Stucki narra la lucha de Ríos Vivos, una organización que ha visto como desaparece la riqueza ambiental que en otra época fue la fuente de vida de las comunidades.  

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El 7 de marzo de 2009, hace 10 años, el programa PeaceWatchSwitzerland llegó a Colombia de la mano de Pensamiento y Acción Social.  Ese día, arribó al país por primera vez un equipo de voluntarios de esta organización con la misión de acompañar a comunidades defensoras de derechos humanos, en medio de sus luchas.  Desde entonces, decenas de voluntarios han construido sobre ese primer paso y cientos de personas han sido beneficiadas por su acompañamiento. 

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Durante el 2018, Barrancabermeja fue el escenario principal de la  campaña “Somos Como Tú”  que llevó a la ciudad a líderes y lideresas de comunidades rurales defensoras de derechos humanos, para que mostraran su verdadera cara ante autoridades, fuerza pública y ciudadanía.  Estos pudieron ver que las personas, que desde el campo defienden sus derechos, son esenciales para cualquier democracia, y más de ello, son personas que trabajan honestamente por su sustento. Pudieron ver que es mucho más lo que los une que lo que los diferencia.

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En este extracto de la entrevista de El Espectador a Camilo Bonilla de la CCJ se analizan los patrones que se han identificado en cuanto a  los asesinatos a líderes sociales en Colombia.  Ante el agravamiento continuo de lo que ya parece un “exterminio social”, bajo la coordinación de la Comisión Colombiana de Juristas, once organizaciones no gubernamentales investigaron los patrones detrás de los ataques contra el derecho a la vida de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia.

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La comunidad de El Guayabo necesita su apoyo.  Una vez más, la familias de la comunidad de El Guayabo enfrentan la amenaza de ser desalojadas de sus tierras. El miércoles 13 de diciembre de 2017, las autoridades municipales de Puerto Wilches desalojaron violentamente a campesinos de los predios  de san Felipe y Altamira donde habían estado cosechando durante 30 años, causando una crisis humanitaria.

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El pasado mes de noviembre, el Presidente Duque expidió el Decreto 2137 mediante el cual se crea la
Comisión del Plan de Acción Oportuna para Defensores de Derechos Humanos y presenta el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas (PAO).  Más allá de la intención, los resultados no han sido los esperados. 

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El relator se reunió con un grupo de defensores/as de derechos humanos ruralesarticulados en la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca (COCOCAUCA) y acompañantes del ProtectionDesk, programa de protección creado en alianza entre Pensamiento y Acción Social y Protección Internacional, que acompañan esta labor de defensa de susderechos étnico-territoriales como sujetos colectivos.

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Entre el 15 y el 18 de noviembre pasados, 264 grupos, asociaciones, redes y federaciones de acueductos comunitarios de Antioquia, Boyacá, Santander, Meta, Guaviare, Casanare, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar, Sucre, Guajira, Magdalena y Bogotá, que desde 2006 se han articulado en esta red,se dieron cita en el VII Encuentro de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, en el municipio de Iza, Boyacá.

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Este informe recoge las conclusiones, análisis, intervenciones y posiciones más relevantes que salieron luego de varios días de reuniones entre la comunidad internacional y representantes de las comunidades étnicas de la costa pacífica caucana.  Queda expuesta la grave situación que viven las y los líderes sociales en la región pero también las propuestas para que esto cambie.  Una iniciativa, investigación y publicación conjunta de PAS, PI y COCOCAUCA.

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Este informe recoge las conclusiones, análisis, intervenciones y posiciones más relevantes que salieron luego de varios días de reuniones entre la comunidad internacional y representantes de las comunidades étnicas de la costa pacífica caucana.  Queda expuesta la grave situación que viven las y los líderes sociales en la región pero también las propuestas para que esto cambie.  Una iniciativa, investigación y publicación conjunta de PAS, PI y COCOCAUCA.

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Ante la fuerte estigmatización que están sufriendo los líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia; estas comunidades del Magdalena Medio decidieron actuar.   Con la campaña #SomosComoTú, buscan enviarle un mensaje a la sociedad civil, a las autoridades, instituciones y fuerza pública: Somos trabajadores, honestos, solidarios. No somos tan distintos, Somos Como Tú.

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El país contó con una importante representación durante la cumbre en París que logró exponer la situación que viven las y los defensores en el país, sobre todo desde la ruralidad, y participar en la construcción conjunta de un plan de acción mundial para promover y proteger la labor de quienes en cualquier rincón del planeta luchan y defienden sus derechos. 

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En Barrancabermeja, Santander, arrancala campaña #SomosComoTú, con líderes y lideresas sociales, defensoras y defensores de derechos humanos rurales del Magdalena Medio.  Se busca  mostrar a las personas, instituciones y autoridades de la región,la verdadera esenciade la labor de defensa de derechos que ejercen estos campesinos y campesinas en medio de la lucha por sus derechos y los de todos nosotros.  Al final, son gente común, trabajadora, honesta y solidaria, son como cualquiera de nosotros. Su mensaje: ¡Somos Como Tú!

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El pasado 05 de octubre, la “Bancada del Congreso por la paz, la vida y la democracia”*, realizó la primera Audiencia Pública por la Vida. Con ello, por primera vez, sesionó formalmente por fuera de Bogotá y se ubicó en los territorios.  Desde Pensamiento y Acción Social y Protection International, participamos en este histórico evento en el cual también estuvieron representantes de las comunidades que acompañamos en la región. 

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La situación que viven los líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia continúa siendo preocupante; en medio de esta problemática, el departamento del Cauca viene registrando las cifras más altas de asesinatos.  Pero esta problemática va mucho más allá de las muertes,  las condiciones en las que viven quienes se atreven a defender un derecho, un ideal o representar a una comunidad, en este departamento, y más específicamente en la costa pacífica de Cauca, son críticas.  Convocamos una misión internacional de observación para visibilizar la situación.

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¿Hay un compromiso real de las empresas transnacionales con su responsabilidad en temas de derechos humanos?.  Desde Pensamiento y Acción Social, analizando los casos que trabajamos y sumando las quejas de organizaciones a nivel global, encontramos varios elementos que llevan a pensar que las acciones de las empresas en este tema se quedan tan solo en acciones publicitarias que buscan construir una reputación. Al final, pareciera que la economía y comercio priman por encima de los derechos humanos (DDHH).

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El proceso de paz con el ELN no ha fracasado y, en gran parte, culminarlo con éxito depende de la participación y exigencia de la sociedad civil.  Entendiendo esto, más de 1000 organizaciones, políticos, académicos/as, autoridades locales, ciudadanos y ciudadanas firmaron una carta para pedirle al presidente electo, Iván Duque, que reconozca los avances que se han hecho en la negociación con el ELN y se la juegue por consolidar una paz completa en el país.

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Los procesos de jóvenes del Magdalena Medio que hemos impulsado desde PAS y PI buscan ampliar el liderazgo dentro de las comunidades.  Poco a poco los y las jóvenes de las comunidades se van empoderando y empiezan a pensar en formas de mejorar sus espacios para el bienestar de la gente.  Conozca las visiones de los jóvenes en este video.

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El departamento del Cauca ha sido uno de los principales afectados por la violencia contra líderes y lideresas sociales en el país. La costa pacífica y los consejos comunitarios que integran la región, no han sido ajenos a esta problemática.  Con el objetivo de articular la institucionalidad nacional, departamental y local con la realidad del territorio y las comunidades se llevó a cabo un diálogo plural en el municipio de Guapi, buscando dar apertura a un proceso social que conduzca a la formulación del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones.

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Quienes firmamos esta carta, pertenecemos a diversas organizaciones sociales, a centros de estudio, a cuerpos colegiados, (congresistas, diputados y diputadas, concejales/as); somos autoridades locales (alcaldes/as y gobernadores/as), académicos/as, quienes compartimos con usted la pregunta: ¿cómo vamos a lograr que la paz que se construye en Colombia sea una paz creíble y confiable para todos, y que se puedan garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición, sobre la base de proteger a las víctimas?

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En entrevista con @encrucijadacol,  Betty Pedraza, de nuestro equipo de Seguridad y Protección, analiza la situación de las y los defensores de DDHH en el país, la historia detrás de ellos y expone como desde PAS se viene trabajando por brindar mejores condiciones para que puedan ejercer su labor en contextos seguros.  

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El Guayabo es una comunidad que ha sabido resistir en medio del conflicto.  Esta galería de imágenes es un homenaje a esa fuerza que los ha motivado a luchar por lo que es de ellos, a no rendirse y a seguir persiguiendo un mejor futuro para las personas de la comunidad y la región.  Es una ventana que se abre para conocer la comunidad, sus espacios y a quienes hoy son un ejemplo de resistencia pacífica en Colombia.

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Mujeres de las comunidades de El Guayabo, Nueva Esperanza, Bella Unión, El Garzal, Buenos Aires, Las Pavas, Córdoba y las organizaciones de OFP y Ríos Vivos se reunieron en Bucaramanga para compartir sus experiencias y tejer red con el objetivo de fortalecer la defensa de sus territorios.

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El vigésimo aniversario de La Declaración de los defensores de los derechos humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998, es motivo de inspiración  para hacer algunas reflexiones sobre el impacto que esta declaración ha tenido en Colombia, de cara al contexto de pos acuerdo de paz, iniciado luego de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC el pasado 26 de noviembre de 2016. Tres temas se proponen para esta reflexión: la insuficiente comprensión del Derecho a Defender los Derechos Humanos por parte del Estado colombiano, los avances contradictorios que en materia de protección se dan en desarrollo del Acuerdo de Paz de 2016, y, la deuda del Gobierno Nacional con la protección colectiva.

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La Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base y Pensamiento y Acción Social (PAS), reconocemos la importancia del ejercicio democrático celebrado el 27 de mayo, que por primera vez en la historia logra superar los altos índices de abstención y configura a la Colombia Humana como una opción real de gobierno.  Una opción guiada por la lógica de la equidad, la justicia social, el pluralismo y el diálogo democrático como principios de acción para construir un Estado garante de derechos.  

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Desde Pensamiento y Acción Social – PAS – queremos expresar nuestro enfático rechazo a la condena de 32 años de prisión que se ha dictado contra el defensor de derechos humanos Germain Rukuki en Burundi. Además, queremos hacer llegar nuestra solidaridad a su familia, compañeros de trabajo y organizaciones acompañantes que hoy sufren esta injusticia. 

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Durante muchos años, los habitantes del Consejo Comunitario del Río Guajuí vivieron en medio de la guerra.  La fuerte presencia de grupos armados en su territorio significó para ellos entregar el control de lo que constitucional y ancestralmente es de ellos.  Con la desmovilización de la guerrilla, se abre la oportunidad para que sea nuevamente la comunidad la que tome el liderazgo de su territorio.  Sin embargo, materializar esta oportunidad no será fácil en medio de un contexto de pobreza extrema, corrupción, abandono estatal y rezagos de una guerra que se rehúsa a abandonar del todo el territorio.   Conozca la historia completa acá:

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El pasado 2 de Mayo, representantes de organizaciones laborales de Australia, Canadá, Colombia, Sudáfrica, España, la República Democrática del Congo, Italia, Suiza y Zambia se citaron en frente del casino en el que los accionistas de Glencore realizaban su reunión anual para exigir un cambio en la manera como esta empresa ha venido tratando a sus trabajadores y a las comunidades que se ven afectadas por sus actividades.

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PAS acompaño la manifestación de mujeres que se tomó la calle 60 con 7 en Bogotá.  En medio de música, baile y la consigna de mensajes por la igualdad y el reconocimiento de la mujer, decenas de mujeres llegaron a exigir pacíficamente sus derechos. 

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Ante el difícil momento que atraviesa la mesa de negociación entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, la sociedad civil se citó en la plaza de Bolívar de Bogotá para pedirle a las partes que no se paren de la mesa.  PAS acompañó el evento, convencidos de que la mejor salida a este conflicto es el diálogo y la negociación.  

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En el día de la Mujer queremos hacerle un reconocimiento a todas las que desde el territorio y la ruralidad trabajan por sus comunidades y la defensa de sus derechos.  Desde PAS y PI, hemos acompañado a estas mujeres en su labor y visto de primera mano la fortaleza con la que día a día salen adelante.

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Fue lanzada la investigación Es Tiempo Ya: Políticas Públicas Eficaces para el Derecho a Defender los Derechos Humanos. Este trabajo es resultado de una investigación conjunta hecha por Protection International (PI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).  A pesar de la importancia que tienen para las sociedades las personas que realizan labores de defensa de derechos humanos, pocas son las medidas eficaces que se toman para garantizarles entornos seguros en los cuales puedan ejercer esta labor.  Este informe plantea un análisis crítico y propositivo de la situación en 4 países de Latino américa: Colombia, Guatemala, Brasil y México.

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Como parte del convenio con la organización internacional Peace Watch Switzerland, Sophia y Natalia llegan a apoyar a las comunidades del magdalena medio que acompaña Pensamiento y Acción Social. 

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El Cabildo Cerro Tijeras manifestó enfáticamente su necesidad de vivir en paz ante una lamentable ausencia de representantes gubernamentales. Los líderes indígenas plantearon 8 puntos principales que están afectando a la comunidad.  Al final, lo que buscan es desterrar la guerra de su territorio, acabar con las violaciones que a través de los años le han causado sufrimiento a su gente y poder construir una comunidad autónoma y en paz. 

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Para los líderes sociales, la guerra no para.  Cada día son más las personas amenazadas, atacadas y asesinadas por defender sus comunidades en nuestro país.  La organización COCOCAUCA, con la que PAS ha trabajado desde hace años por el empoderamiento de los Consejos Comunitarios del departamento de CAUCA y la construcción de la paz, recibió amenazas de este grupo armado ilegal debido a su labor.  Todo esto se da después de que hace días asesinaran a dos líderes en la comunidad de La Soledad, del Consejo Comuitario del Río Napi en Guapi, Cauca.

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El/la Oficial de Proyecto estará a cargo de la implementación y desarrollo del plan de trabajo en los departamentos Córdoba, con 12 organizaciones de mujeres, campesinos e indígenas que conforman el Grupo de Tierra y Trabajo de Córdoba - GTTC, que trabaja por la defensa del territorio frente al despojo de tierras y por el empoderamiento de las comunidades en la toma de decisiones frente al desarrollo rural de la región. Y en el departamento del Cesar, con la comunidad el Hatillo, que se encuentra en un proceso de reasentamiento involuntario por contaminación ambiental a causa de la minería de Carbón a Cielo Abierto.

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Con balance positivo termina las reuniones de la sociedad civil con Gobierno Nacional y la delegación de Paz del ELN Las organizaciones sociales e iniciativas de paz que dialogamos con el Presidente Juan Manuel Santos el 7 de febrero pasado y con la Delegación de Paz del ELN los días 9 y 10 de este mes, compartimos con la sociedad colombiana los siguientes resultados:

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PAS abre convocatoria pública para 2 cargos que trabajarán con la línea de Territorios y DDHH.  Uno se centra en la investigación y el otro en pedagogía.  Siga el link y encuentre más información a cerca de los cargos y los términos de referencia.  

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Buscando intervenir en el difícil momento que atraviesan los diálogos entre Gobierno y ELN, una comisión de organizaciones sociales se ofreció para mediar entre las partes para buscar salvar el proceso de paz.  Este es el comunicado que resume las intenciones de la sociedad civil y el irrompible compromiso con una salida negociada a este conflicto que ponga por encima la vida de las personas y la dignidad humana.  

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Conozca los sueños de las mujeres, hombres y jóvenes de una comunidad que por años vivió en medio del conflicto armado y hoy se prepara para dar un paso adelante. El Consejo Comunitario del Río Guajuí se alista para manejar autónomamente sus territorios buscando construir el entorno soñado para sus habitantes.

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La comunidad Nasa del Cabildo Cerro Tijera convoca audiencia pública para discutir la destrucción del arsenal de guerra, denunciar las violaciones de Derechos Humanos dentro del territorio que han afectado a la comunidad y analizar propuestas y compromisos del Gobierno. 

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Se identificaron varios factores de riesgo y amenazas para las comunidades, líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos, en adelante DDH con tendencia a incrementarse si las autoridades competentes no actuaban de manera inmediata.  Informe de seguimiento:  

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El dolor salía a flote en cada palabra con la que los campesinos de El Guayabo le recriminaban al ESMAD su presencia en las tierras que durante más de 25 años han trabajado para alimentar, no solo a sus familias, sino a gran parte de la región.  El miércoles 13 de diciembre, 147 hectáreas fueron desalojadas en medio de un proceso lleno de irregularidades que hoy dejan a 9 familias afectadas.

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La iniciativa de realizar ésta Misión surgió de la situación de inseguridad y riesgos que viven los defensores/as de derechos humanos, reclamantes de tierras y líderes sociales que hacen parte del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba, GTTC.  

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PENSAMIENTO Y ACCIÓN SOCIAL-PAS, PROTECTION INTERNATIONAL-PI Y PEACE WATCH SWITZERLAND, entidades nacionales e internacionales que desde 2013 acompañamos a la comunidad de El Guayabo, manifestamos nuestra preocupación por la crisis humanitaria que a la comunidad del Guayabo, como consecuencia del cumplimiento de la orden judicial de desalojo del predio San Felipe, ordenado por el juez promiscuo del municipio de Puerto Wilches, Santander, hoy, miércoles 13 de diciembre del 2017.

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Los aquí firmantes manifestamos al Estado Colombiano, a los medios de comunicación y a la opinión pública en general, la más profunda  preocupación por las nuevas afectaciones a los Derechos Fundamentales del pueblo indígena Nasa en el norte del Cauca, por  hechos ocurridos los días 08 y 09 de diciembre de 2017.

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Este miercoles 13 de Diciembre estaremos acompañando desde las 3 y hasta las 4 pm la maratón radial #ConVozTejiendoPaís con historias desde las comunidades.  

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En este documental de Contravía se narra la historia de la comunidad del Hatillo.  La minería de carbón llegó a su territorio y con ella una profunda contaminación.  Hoy en día luchan por un re asentamiento digno en medio de unas difíciles condiciones de vida que los llevan a añorar aquellos tiempos cuando vivían de lo que sacaban de la tierra. 

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En un evento que duró 3 días y giró fuertemente alrededor de la construcción de paz y los acuerdos con los grupos armados, se celebraron los 30 años de esta histórica organización ganadora del Premio Nobel Alternativo de Paz.  Pensamiento y Acción Social acompaña a esta organización desde el 2001 como parte de la Red de Iniciativas de Paz desde la Base.

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Durante esta semana el gobierno nacional y las empresas mineras están realizando una gira en Europa la cual han llamado “Carbón, Paz y Desarrollo”.  Nos preguntamos y le preguntamos al gobierno nacional, ¿cuál es el “desarrollo” que la minería produce en estas regiones? A ciencia cierta, es un desarrollo para las empresas y para las arcas de los agentes privados y no para las comunidades quienes entienden su bienestar más allá del paradigma de las falsas soluciones del desarrollo neoliberal.

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Efraín Alvear es un líder campesino de una comunidad que ha vívido de primera mano la quema de sus cultivos, la destrucción de sus casas y el desplazamiento de sus familias a raíz de la labor de defensa y protección de la tierra y el territorio en la hacienda de Las Pavas. "Francho" recurre a la música y la escritura como herramientas para visibilizar lo que ha pasado y nunca olvidar los hechos que marcaron a una comunidad que se acerca cada día más a la resolución satisfactoria de su conflicto. 

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Desde hace 4 años venimos acompañando a la comunidad del Guayabo y Bella Unión, fortaleciendo sus capacidades de protección en la lucha por sus derechos.  Durante este proceso conocimos a Álvaro García, un campesino defensor del derecho a la tierra.

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Ante el complicado panorama que enfrentan los defensores y defensoras de Derechos Humanos en el departamento de Córdoba, PAS y Protección Internacional (PI) convocaron a organizaciones de cooperación internacional representantes de embajadas y al Grupo de Derechos Humanosde la Unión Europea a visitar el terreno y escuchar de primera mano las problemáticas de la comunidad.

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Una vez más se abre la puerta para que las tierras de Las Pavas pasen a manos de sus campesinos. En una decisión, del 25 de agosto, que pasó inadvertida, el Consejo de Estado desestimó la demanda que hizo Aportes San Isidro contra el Incoder por la decisión de extinción de dominio que profirió sobre ese predio en disputa.

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ACCIÓN URGENTE
Los campesinos y campesinas de ASOCAB y las organizaciones abajo firmantes, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, los nuevos hechos de hostigamiento y agresión por parte de la empresa Aportes San Isidro S.A.S, que generan nuevas afectaciones a los Derechos Fundamentales de los campesinos desplazados de la “Hacienda Las Pavas”.

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Las organizaciones firmantes denunciamos ante las autoridades judiciales y la opinión pública nacional e internacional, la inminente situación de crisis humanitaria de la comunidad de El Guayabo, frente a la orden judicial de desalojo por parte del juez promiscuo del municipio de Puerto Wilches, Santander.

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El cierre de la muestra – taller “Cartografías de los cuerpos – territorios”, realizada el 15 de junio en Bogotá, tuvo dos invitadas especiales, Laura y Ángela, dos jóvenes de la comunidad de El Hatillo, la cual acompaña y asesora PAS desde el 2011 en su proceso de reasentamiento involuntario ordenado por el Ministerio de Ambiente a las 3 multinacionales de carbón (Drummond, Prodeco-Glencore y CNR) que operan en el Cesar, debido a los altos niveles de contaminación de aire. Ellas tuvieron la oportunidad de compartir este espacio con estudiantes del Sena, quienes conocieron las dificultades a las que se enfrentan los niños, niñas y jóvenes de El Hatillo por la actividad minera en su territorio.

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Pensamiento y Acción Social (PAS) recibe a su nuevo equipo de dos observadores internacionales de su aliado Peace Watch Switzerland (PWS), una asociación suiza que organiza misiones internacionales para promover una cultura de paz, bajo los principios de la solidaridad, la imparcialidad y la no violencia.

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“Metidos en el cuento por la defensa y protección del territorio” es una iniciativa de los y las jóvenes que participan de la red “Campesinos y campesinas por la defensa y protección de sus territorios”, de la cual hacen parte cinco comunidades campesinas del Magdalena Medio, acompañadas por Pensamiento y Acción Social (PAS).

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Llamamos Troja de mujeres, Atizar la leña y Se armó el fogón a los espacios de encuentro de mujeres campesinas defensoras de derechos humanos, que participan de la red “Campesinos y campesinas por la defensa y protección de sus territorios”, de la cual hacen parte cinco comunidades campesinas del Magdalena Medio: El Garzal, Nueva Esperanza, Bella Unión, El Guayabo y Las Pavas; acompañadas por Pensamiento y Acción Social (PAS). 

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La Comisión de Veeduría de Derechos Humanos del paro cívico de Buenaventura denunció, durante una rueda de prensa realizada el 1 de junio en Bogotá, las graves violaciones en contra de la comunidad que se han presentado durante la protesta legítima de los habitantes de este  puerto del Valle del Cauca. 

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Las organizaciones eclesiales, de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos firmantes, expresamos nuestra solidaridad con las protestas pacíficas y populares en Chocó y Buenaventura y reconocemos en ellas un acto legítimo e impostergable por la vida digna y la paz en todo el Pacífico colombiano.

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El día de ayer, miércoles 16 mayo, cuando los campesinos John Fredy Ortega y Emilce Pontón estaban realizado trabajo de pastoreo en sus tierras, cinco hombres, dos de ellos a caballo y los otros a píe, que se identificaron como trabajadores del “patrón” el Sr. Rodrigo López Henao, instaron a la pareja para que desalojaran esta parte del predio, insistiendo en que todas esas tierras eran del “patrón”.

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Teniendo en cuenta las afectaciones que ha ocasionado la extracción minera en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de El Hatillo, se realizará la exposición Cartografías de los cuerpos – territorios. En esta muestra se quiere materializar, a través de una experiencia estética y artística, el sentir y pensar de los NNAJ sobre lo que viven día a día.   

La exposición se llevará a cabo en varias ciudades del país. En Bogotá: Del 3 al 31 de mayo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

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El pasado miércoles, 18 de abril, fue asesinado Gerson Acosta, gobernador del cabildo indígena Kite Kiwe, quien lideró la búsqueda de justicia de su comunidad, desplazada después de la Masacre del Naya. PAS, reconociendo la labor y el coraje de Gerson, le rinde un sentido homenaje y expresa sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros.

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El/la Oficial de Proyectos estará a cargo de la implementación y desarrollo del plan de trabajo del programa PDCOL, en el departamento del Cauca, con la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo negro de la Costa Pacífica de Cauca  (COCOCAUCA), a través de las estrategias de capacitación, incidencia política e investigación sobre protección colectiva, redes de protección y riesgos durante la implementación de los acuerdos de La Habana, que se adelantan en el marco del programa.

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#TodosconElHatillo es una iniciativa que busca promover la solidaridad y el acompañamiento con la comunidad de El Hatillo, una población rural ubicada en el noroccidente del departamento de Cesar. El Hatillo junto a Boquerón y Plan Bonito son las primeras comunidades en Colombia desplazadas por contaminación ambiental ocasionada por la explotación carbonífera en la zona.

Súmate a #TodosconElHatillo para que estas familias colombianas sientan tu apoyo y para que las entidades a cargo realicen por fin el proceso de reasentamiento con dignidad, respeto y responsabilidad.

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Las organizaciones que firmamos esta comunicación solicitamos que el señor Todd Howland permanezca en nuestro país para que pueda darle continuidad a la tarea encomendada a él por el Sistema de Naciones Unidas hace cinco (5) años. Los excelentes resultados de la gestión del señor Howland nos permiten afirmar que su continuidad en Colombia es garantía del cumplimiento cabal del mandato de la OACNUDH en el país, que hoy requiere una conducción altamente cualificada por los desafíos que vive la transición a la democracia.

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El Protection Desk Colombia, una alianza constituida entre Pensamiento y Acción Social (PAS) y Protection International (PI), presentan su investigación “La protección colectiva de los defensores del derecho a la tierra y el territorio en Colombia: Desarrollos conceptuales y desafíos metodológicos”, con la que se busca explorar un enfoque más comprensivo de la protección para defensores de derechos humanos, particularmente los defensores rurales ligados a la defensa de la tierra y del territorio.

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Con esta carta queremos manifestar nuestra profunda preocupación por hechos recientes de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el Cesar, por la presencia de grupos paramilitares que nuevamente tratan de acallar al movimiento social y por la falta de actuación de la Fiscalía a nivel local y de sectores de la Fuerza Pública.

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Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación frente a la visita que la “Mining and Faith Reflections Initiative” (MFRI) llevó a cabo en Colombia entre el 19 y el 24 de febrero en las zonas carboníferas de los departamentos de Cesar y La Guajira.

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Pensamiento y Acción Social (PAS) y Protection International (PI) publican el manual para prevenir la criminalización de los defensores del derecho a la tierra y el territorio. Este texto ofrece elementos prácticos y de reflexión para los defensores rurales y sus comunidades, sobre cómo la estigmatización, criminalización y judicialización son utilizadas para desestabilizar y debilitar sus procesos organizativos de defensa de derechos, caracterizándose como una estrategia más para consolidar el despojo de sus tierras.

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Ante los gestos humanitarios que realizaron el Gobierno Nacional y el ELN, felicitamos a las partes por la voluntad política que han demostrado. Su compromiso buscando salidas y estableciendo acuerdos previos para lograr la instalación de la Fase Pública de negociaciones el próximo 7 de febrero en la ciudad de Quito, llena de esperanza a la sociedad colombiana que anhela una paz completa.

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La mañana del 27 de enero el corregimiento de Buenos Aires, el predio de Las Pavas, y algunos caminos veredales de la región, en Bolívar, amanecieron empapelados con copias de las declaraciones de testigos claves, que se rindieron ante la Fiscalía en meses pasados, para avanzar en el proceso penal que investiga el delito de desplazamiento forzado del que fue víctima esta comunidad en el año 2003. Estos hechos se dan, en el marco de una coyuntura actual del país de creciente agresión en contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, y el reposicionamiento en toda la región de grupos armados ilegales que actúan bajo el mismo modelo de los conocidos grupos paramilitares.

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El Hatillo, un video realizado por niños y niñas de esta vereda del Cesar, en el que muestran los cambios que se viven en el lugar desde la llegada de las minas de carbón.

“El Hatillo era bonito, ahora no, ahora es un desierto”, “cuando llegaron las minas se acabó esto, se acabó el río, se acabaron los puercos, se acabaron los chivos, se acabó todo”, dicen los habitantes de El Hatillo entrevistados por los niños.

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Hoy se cumplen las 9 noches desde el asesinato de nuestro amigo, esposo, padre de 3 niños, hermano, cuñado, primo, hijo, nieto y líder social en nuestra comunidad; presidente de la Asociación de Apicultores del Cesar – ASOGRACE y trabajador minero sindicalizado ALDEMAR PARRA GARCÍA. Hoy Aldemar nos recuerda la solidaridad entre los mismos Hatillanos y allegados, nos hace pensar en nuestros niños y jóvenes que han acompañado estas noches de rezo y de duelo a puerta abierta.

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El pasado sábado, 7 de enero de 2017, fue asesinado Aldemar Parra García, campesino y líder social de la comunidad El Hatillo, corregimiento de La Loma, El Paso, centro del Cesar. Extendemos nuestro pésame y tristeza a su familia y líderes del proceso de reasentamiento involuntario. Así mismo, exigimos a las autoridades competentes su actuación e intervención inmediata, para garantizar la vida e integridad de todos los habitantes de esta comunidad.

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En la séptima edición del premio Franco- Alemán de Derechos Humanos “Antonio Nariño”, Pensamiento y Acción Social (PAS) fue reconocida con mención de honor por su acompañamiento político y jurídico a las comunidades campesinas, indígenas y organizaciones de mujeres afectadas por conflictos territoriales en el departamento de Córdoba.

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La comunidad de la vereda El Hatillo, compuesta por 190 familias ubicadas en el corregimiento de La Loma, en el centro del Cesar, no aguanta más. Por causa de la contaminación atmosférica producto de la actividad de las minas de carbón, en 2010 el Ministerio de Medio Ambiente ordenó el reasentamiento de la comunidad, orden que debía ser cumplida por las empresas mineras Prodeco-Glencore, Drummond y Colombian Natual Resources -CNR (Murray Cmp.). El proceso debía cumplirse en los dos años siguientes a la resolución, pero hasta la fecha, esta orden no se ha cumplido.

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Desde el pasado 26 de agosto, fecha en la que se inició el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP, se han registrado 28 asesinatos de líderes y lideresas sociales de base y defensores y defensoras de Derechos Humanos, todas ellas personas vinculadas con la defensa de la tierra, el territorio, el medio ambiente y activistas por la paz que han acompañado el proceso de negociación y promovieron el “Sí” de la refrendación de los acuerdos desde sus territorios.

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Diferentes organizaciones, quienes desde diferentes mandatos trabajamos el tema de protección y seguridad de personas defensoras de Derechos Humanos, emiten este comunicado para manifestar nuestra preocupación por el aumento de las agresiones a nivel nacional, con especial intensidad en el suroccidente del país (Cauca, Caquetá y Nariño), la región Caribe y el Magdalena Medio.

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Pensamiento y Acción Social (PAS) acompañó la Gran Minga por la Paz del Suroccidente colombiano, realizada el pasado 25 de noviembre en Cali, donde aproximadamente 4 mil indígenas, campesinos, afros, mujeres, trabajadores y estudiantes marcharon para saludar el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, y rechazar la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

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Pensamiento y Acción Social (PAS) y Protection International (PI) manifestamos nuestra preocupación por los graves ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en lo que va corrido del mes de noviembre. Durante este periodo, cinco líderes del Movimiento Marcha Patriótica fueron asesinados y dos sufrieron atentados contra su vida. Esto se suma a la desaparición de un líder estudiantil en el departamento del Valle del Cauca, en el mes de octubre.

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La Fiscalía General de la Nación capturó al exparamilitar Jorge Eliécer Pérez alias ‘Rapidito’, investigado por el desplazamiento de 123 familias campesinas del predio de la hacienda Las Pavas, hace trece años.

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Fuente: Vanguardia Liberal - Colprensa

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Alias 'Rapidito' habría sido el encargado de presionar a los jornaleros que ocuparon la finca ubicada en los municipios de El Peñón y San Martín de Loba en el sur del departamento de Bolívar.

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Fuente: El Espectador

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En la mañana de ayer 25 de octubre, 3 de los 4 líderes campesinos de la Comunidad el Guayabo - Departamento de Santander - a quienes habían emitido orden de captura, se presentaron voluntariamente a la Fiscalía de Barrancabermeja donde se inició un proceso jurídico en su contra, interpuesto por quién hoy reclama las tierras de los campesinos. En vista que son inocentes y no tenían por qué mantenerse escondidos los campesinos se presentaron de manera voluntaria ante las autoridades que llevan el caso, y en la tarde de ayer tanto ellos como sus familias recibieron la noticia de que a ellos les fue concedida la libertad plena aún mientras continua el proceso jurídico.

El hecho de que las autoridades tomaran la decisión de dejarlos en libertad significa que se evidenció que estos líderes campesinos no representan peligro para la sociedad y que su lucha por la permanencia en sus tierras ha sido, es y será legítima y legal.

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EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LA DEFENSA DE SUS TERRITORIOS

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I Intercambio de defensoras de derechos humanos y territoriales en América Latina

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Los Programas Protection Desk Guatemala y Colombia han estado impulsando en América Latina procesos de protección y fortalecimiento de la labor de las mujeres defensoras de los derechos humanos, particularmente los derechos territoriales y ambientales. Como parte de este trabajo, del 2 al 8 de octubre del presente año se celebró el primer intercambio de mujeres defensoras de derechos humanos, en el cual participaron mujeres de las organizaciones sociales y comunidades acompañadas por los equipos de PDGuatemala, ADES-organización socia de PI en El Salvador, y PDColombia en alianza con Pensamiento y Acción Social - PAS.

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Pensamiento y Acción Social- PAS se une al Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA, para denunciar ante la opinión pública la crítica situación de derechos humanos que enfrentan comunidades, organizaciones, líderes y lideresas y hoy tiene atemorizada la región del Macizo Colombiano y los asesinatos de los líderes sociales Joel Meneses, Nereo Meneses y Ariel Sotelo. Es de resaltar que los líderes asesinados, eran reconocidos en el municipio y la región y participaron activamente en diferentes movilizaciones campesinas por la vida digna en el Macizo Colombiano.

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Por fin la Justicia actúa y la Fiscalía capturó a vigilantes que agredieron a los campesinos y campesinas de Las Pavas, comunidad acompañada por Pensamiento y Acción Social. Sin embargo, ahora empieza una serie de amenazas  en contra de la comunidad, por lo cual se necesita toda la protección de las autoridades para garantizar sus derechos.

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Alertamos a las autoridades y la comunidad nacional e internacional sobre la grave situación de riesgo a la que está expuesta la comunidad del Guayabo y Bella Unión, particularmente los miembros de AGROPEGU quienes adelantan un proceso de defensa de su derechos para la permanencia en territorio.

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La alerta esta vez obedece a que, desde los primeros días del mes de julio, del año en curso y hasta la fecha, se han incrementado las acciones de presión, intimidación, y agresión por parte del Sr. Rodrigo López Henao y sus trabajadores en contra de los campesinos. Acciones que van desde la perturbación de la posesión a través del ingreso de ganado sobre predios de los campesinos y campesinas y destrucción de linderos, hasta la presencia de actores armados camuflados, quienes se identifican como “autodefensas que han llegado a la zona desde el sur de Bolívar para resolver el problema de tierras”.

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Descúbrelo en nuestro nuevo video.

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La comunidad del Hatillo es una de tres comunidades que se encuentra en proceso de reasentamiento involuntario por la contaminación generada por la explotación minera en el centro del Cesar.

Según el Ministerio de Ambiente, en septiembre de 2012 debíamos estar reasentados por posibles afectaciones a la salud humana, sin embargo eso no ha pasado. No comprendemos porqué nos culpan a nosotros de las demoras en el proceso cuando no somos nosotros quienes debemos hacerlo. No comprendemos porque con tantos cambios y con tantos profesionales dedicados al proceso este no avanza. Tampoco comprendemos porque a las múltiples propuestas que siempre hacemos para cada tema nos dicen que no por meses, sin presentar alternativas y luego decirnos que sí. Eso nos cansa sobre todo después de 6 años. Recordamos que es a nosotros a quienes más les interesa salir de nuestro territorio. Eso sí, con garantía de derechos.

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En el marco de la estrategia de trabajo en red impulsada por Pensamiento y Acción Social- PAS y Protection International con cinco comunidades campesinas en la región del Magdalena Medio, se celebró durante los días 25 y 26 de junio el VI Encuentro Regional de la Red de Protección del Magdalena Medio, con el objetivo compartir informaciones en relación al proceso de negociaciones para el fin del conflicto armado y analizar los impactos regionales que la implementación de los acuerdos, tendrá sobre las comunidades y sus territorios, buscando que tengan herramientas para incidir en los espacios de participación regional.

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Las organizaciones de la sociedad civil colombiana abajo firmantes, expresamos nuestra preocupación frente a la construcción de la política pública sobre Derechos Humanos y Empresa (DHyE) encabezada por la Consejería Presidencial de DDHH, y frente a la implementación de su principal instrumento: el Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos. Esta política pública, que en su esencia debería estar enfocada en atender y ofrecer soluciones efectivas ante la ocurrencia de violaciones de los DDHH de las comunidades asentadas en los territorios donde se implementan proyectos de extracción de recursos naturales y de inversión en cabeza de actores empresariales diversos, adolece de una serie de defectos estructurales que despiertan nuestra preocupación frente a las deficientes respuestas que ofrece el Estado en este sentido y, por tanto, motivan este comunicado.

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LOS FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DENOTAN LOS PROBLEMAS CONSTITUCIONALES DE LA MINERÍA EN COLOMBIA, NO UN SESGO IDEOLÓGICO. Las y los abajo firmantes, rechazamos energicamente las opiniones que directivos mineros y sus asesores juridicos han proferido de manera anonima en contra de los mas recientes fallos judiciales de la Corte Constitucional en relacion con este sector, en las declaraciones entregadas por estos al periodico El Tiempo, publicadas en la edicion del miercoles 15 de junio de 2016.