Denuncia pública, 19 de octubre de 2022.
Pensamiento y Acción Social (PAS) denuncia, ante la opinión pública y la comunidad internacional las violaciones a los derechos humanos que están viviendo los pobladores de las comunidades negras asentadas en las riberas del río y el mar Pacífico, pertenecientes al Consejo Comunitario Satinga en el norte de Nariño, derivado del accionar de los grupos armados.
De manera intermitente, se vienen presentando confrontaciones armadas desde el 12 octubre del presente año entre las disidencias del Frente 30 de las FARC y la Nueva Marquetalia, dejando en situación de confinamiento, miedo y zozobra a 1.200 familias pertenecientes de 26 comunidades que integran este Consejo Comunitario.
El día de ayer, alrededor de las 5.00 pm, se presentaron enfrentamientos armados por la disputa y el control del territorio de estos grupos armados Post- FARC, en la comunidad Conejo, Las Marías, Travesía, Barbacoíta, Caña, José, San Isidro, Las Mercedes, Chocho, Barro Caliente, La Unión, Bella Vista, Pueblo Nuevo y Chapíl; generando desplazamientos “gota a gota” de varias familias y poniendo en grave riesgo la seguridad alimentaria de estas comunidades. Lo anterior, derivado de las restricciones de movilidad de los grupos armados, que imposibilita el desarrollo de las prácticas agrícolas y culturales.
Solicitamos urgentemente:
· Reiteramos al Estado Colombiano la necesidad de garantizar la protección e integridad de las comunidades negras asentadas en los territorios colectivos del Pacífico.
· A la Defensoría del Pueblo y Procuraduría, verificar el estado de los y las integrantes de estas comunidades.
· Al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y Unidad de Víctimastomar medidas de atención y protección a las víctimas correspondientes
· A la comunidad internacional y a las organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos, pedimos concurrir solidariamente para verificar y visibilizar la situación, así como demandar la respuesta estatal.
· A los organismos internacionales de Derechos Humanos y de Naciones Unidas solicitamos la urgente intervención para salvaguardar la vida e integridad de las comunidades.
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