Bogotá, 24 de mayo de 2017

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Las organizaciones eclesiales, de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos abajo firmantes, expresamos nuestra solidaridad con las protestas pacíficas y populares en Chocó y Buenaventura y reconocemos en ellas un acto legítimo e impostergable por la vida digna y la paz en todo el Pacífico colombiano. Las protestas y movilizaciones sociales que vienen caminando desde hace dos semanas han sido la opción popular para hacer visible su realidad social, humanitaria y ambiental; son fruto también de los repetidos incumplimientos del Gobierno ante los acuerdos surgidos de los anteriores paros (1987, 1994, 2000, 2009, 2014 y 2016). Las comunidades de Buenaventura y Chocó protestan para reclamar asuntos básicos para la vida digna, esto es educación, salud, agua potable, infraestructura primaria; y por los altos niveles de corrupción, violencia, inoperancia institucional e injusticias socioeconómicas. Todo ello se manifiesta en violación de derechos humanos fundamentales, sociales, económicos, culturales y ambientales, expresiones de lo que los manifestantes han nombrado como racismo estructural.

 

Porque conocemos la situación de numerosas comunidades del Pacífico y hemos conocido su forma de gestación, organización y la forma en que se desarrollan las protestas, las exaltamos como actos legítimos. Asimismo, rechazamos la respuesta represiva y violenta del Gobierno al uso del ESMAD como un agente represor de la movilización social; su acción es una forma de confundir al pueblo, sembrar miedo y dilatar las soluciones a las condiciones socioeconómicas. Esta condición, repetida en toda manifestación de protesta social, nos obliga a exigir su desmonte.

 

Acompañamos la exigencia de declaratoria de emergencia social, económica y ambiental por conocer las condiciones concretas de vida de sus comunidades y el ambiente, y la consideramos justa e impostergable.

 

Invitamos al Gobierno y a delegados comunitarios a mantener el diálogo hasta tanto no se atiendan de forma diligente y efectiva la situación. Llamamos a las correspondientes autoridades e instituciones públicas regionales y nacionales a brindar garantías para la protesta social y el desenvolvimiento efectivo de la mesa entre Gobierno y el comité promotor del paro.

 

Por último, llamamos al Gobierno a cesar la represión de las legítimas protestas que se vienen adelantando en numerosos lugares de Colombia y le invitamos a ser consecuente con el proceso de paz y los reconocimientos que le han merecido a nivel internacional. Pues como dicen los manifestantes: “la paz debe ser para darle dignidad al pueblo”.

 

Apoyan y firman,

 

Asociación Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina

Corporación PACIPAZ Territorio, Identidad y Cultura para la Paz

Red Nacional de Acueductos Comunitarios

Corporación Podion

Red Nacional en Democracia y Paz

Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato –

ASCOBA

Consejo Comunitario General del San Juan ACADESAN

Asociación de Organizaciones Populares del Río Micay – ASOPOMY

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Pastoral Social Regional Suroriente Colombiano

Pastoral Social Quibdó

Pastoral Social Granada

Pastoral Social Arauca

Pastoral Social Riohacha

Pastoral Social Tumaco

CENSAT Agua Viva

Corporación Jurídica Libertad – CJL

Corporación Regional Pacifico

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR

Corporación Vínculos

Programa de Comunicaciones – CRIC

INDEPAZ

La Corporación Otra Escuela

La Corporación claretiana Norman Pérez Bello

Pensamiento y Acción Social (PAS)

Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo

Negro en la Costa Caucana (COCOCAUCA)